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Dictamen de la CSA sobre un proyecto de decreto que fija el régimen aplicable a las cadenas distribuidas por las redes que no utilizan frecuencias que asigna

Fecha de publicación: jueves 29 de abril de 2010


Dictamen n° 2010-01 del 26 de enero de 2010 relativo a un proyecto de decreto que fija el régimen aplicable a los servicios de radio y televisión que es competencia de Francia distribuidos por las redes que no utilizan frecuencias asignadas por el Consejo superior del sector audiovisual
 
Agarrado para dictamen por el Gobierno, en aplicación de los artículos 9 y 33 de la ley n° 86-1067 del 30 de septiembre de 1986 modificado relativos a la libertad de comunicación, de un proyecto de decreto fijando el régimen aplicable a los servicios de radio y televisión que es competencia de Francia distribuidos por las redes que no utilizan frecuencias asignadas por el Consejo superior del sector audiovisual, éste, más tarde haber deliberado en Pleno el 26 de enero de 2010, emite el dictamen siguiente.

I. - Observaciones generales

En su dictamen del 9 de mayo de 2001 sobre el decreto n° 2001-609 del 9 de julio de 2001, el Consejo superior del sector audiovisual había preconizado la celebración de acuerdos interprofesionales entre editores de servicios y productores para determinar las disposiciones de aplicación de un decreto que fijaba el marco general de la contribución de los editores al desarrollo de la producción audiovisual.
Lamenta sin embargo, como ya lo había mencionado en su dictamen n° 2009-8 del 15 de julio de 2009 relativo al decreto que modificaba el régimen de contribución a la producción audiovisual de los editores de servicios difundidos por vía hertziana en método analógico, que el conjunto de las organizaciones profesionales no se haya reunido para elaborar estos acuerdos. Además estos últimos sólo se negociaron y fueron firmados por un número limitado de editores de servicios respecto al conjunto de los editores existentes.
El Consejo destaca que el proyecto de decreto concentra una parte importante de las inversiones de los editores sobre la producción de obras audiovisuales que dependen de las siguientes clases: ficción, animación, documentales de creación, incluso los que se insertan en una emisión distinta de un telediario o una emisión de entretenimiento, vidéomusiques y captación o recreo de espectáculos vivos.
Por lo tanto, preocupado de garantizar una oferta de programas diversificada en el paisaje audiovisual de complemento, el Consejo considera que el recentrado de las inversiones sobre las obras audiovisuales enumeradas más arriba, dichas “patrimoniales”, va contra este objetivo.
Además el Consejo llama la atención del Gobierno sobre el riesgo de uniformación de los formatos que esta disposición implica. En interés del telespectador y el equilibrio económico del mercado de la televisión de pago, hace hincapié en la necesidad de preservar la diversidad de estos formatos. Destaca a este respecto que el elevado tipo de la contribución a la producción de obras audiovisuales patrimoniales no adapta a las especificidades editoriales de algunos editores de servicios y podría dar lugar, para una parte de ellos, la necesidad de modificar profundamente su línea editorial y de comprometer, en consecuencia, inversiones pesadas a soportar para editores de servicios cuya situación económica es a veces frágil.
El Consejo recuerda al excedente que la obligación de consagrar una parte de la contribución de los editores de servicios a obras audiovisuales dichas “patrimoniales” no está prevista por la ley del 30 de septiembre de 1986 para los servicios de comunicación audiovisual que no utiliza las frecuencias asignadas por él.
Si el Consejo comparte plenamente el objetivo de esta disposición legal prevista para servicios de televisión difundidos por vía hertziana, considera totalmente injustificado y peligroso para el futuro de la televisión de pago que los editores no signatarios de los acuerdos, a causa del presente proyecto de decreto, se sometan a las obligaciones negociadas por otros editores con los productores.
Por fin, el Consejo destaca que en absoluto se previo un dispositivo que permitía tener en cuenta las inversiones consagradas a la producción de emisiones realizadas en meseta, pero que parezca insuficiente habida cuenta del elevado nivel de la contribución al desarrollo de la producción de obras audiovisuales dichas “patrimoniales”.
Esta es la razón por la que el Consejo preconiza la inscripción de una alternativa a los regímenes propuestos por el proyecto de decreto para permitir una mejor consideración de las especificidades de los distintos editores con el fin de velar por el tratamiento equitativo de estos últimos respecto a su formato editorial.

La entrada en vigor del decreto en 2010

La entrada en vigor del decreto en 2010 planteará dificultades a los editores de servicios signatarios de los acuerdos del 22 de julio de 2009 (“acuerdos Acceso”) y los acuerdos del 17 de diciembre de 2008 (“acuerdos Anaranjado”) que anticiparon el ejercicio 2009 como primer año de aplicación.
Se propone entre las medidas transitorias que con carácter excepcional, para el año 2009, los editores interesados puedan optar por el régimen del proyecto de decreto como lo permite el artículo 91 de la ley del 5 de marzo de 2009 relativa a la comunicación audiovisual y al nuevo servicio público de la televisión.

II. - Observaciones sobre algunas disposiciones

La subida a cargo de la obligación patrimonial

El Consejo toma nota que dispondrá de la facultad de fijar en los convenios celebrados con los editores de servicios las modalidades según las cuales el editor podrá ajustarse, en el plazo de tres años, a la obligación de consagrar una parte de su contribución a inversiones en obras audiovisuales que dependerán de las clases enumeradas al tercer párrafo del artículo 11 del proyecto de decreto.
No obstante, si el régimen opcional propuesto al III del presente dictamen no se retuviera, el Consejo considera que el período de subida en carga debería extenderse sobre cinco años más bien que tres con el fin de permitir a los editores no signatarios de los acuerdos adaptar su programación y sus inversiones a la nueva reglamentación.

El alcance de los derechos cedidos

El Consejo reitera su compromiso de los dispositivos que favorecen la circulación de las obras. Constata con pesar que los derechos negociados en los acuerdos llevan, para algunas clases de obras audiovisuales, sobre duraciones largas y granes números de difusión.
Constata al excedente que, para las pistas-medición, estas condiciones de cesión de los derechos se negociaron sin la presencia de organizaciones representativas de este sector.
Por otra parte, el Consejo se interroga sobre la inscripción, en los convenios de los editores a no signatarios de acuerdos, de claúsulas relativas al alcance de los derechos cedidos que, en la medida en que no son ya uno de los criterios de independencia de las obras, está incluido en las relaciones contractuales entre editores y productores.

El régimen específico de los editores de servicios que consagran anualmente

la mayoría de su tiempo de difusión a los espectáculos vivos y vidéomusiques

El proyecto de decreto autoriza el régimen derogatorio de contribución al desarrollo de la producción audiovisual (un porcentaje entonces fijado en 8%) para “los editores de servicios que consagran anualmente más de la mitad su tiempo de difusión a captaciones o recreos de espectáculos vivos y vidéomusiques, estos últimos debiendo representar al menos un 40% del tiempo de difusión anual”, y no para los editores consagrando más de la mitad de su tiempo de difusión anual al único al vidéomusiques.
El Consejo reitera su compromiso en pro de la existencia de una oferta musical diversificada sobre los servicios de televisión. Considera que esta disposición constituye un estímulo a la programación de espectáculos vivos y que permite así diversificar la programación de los editores que se benefician de este régimen derogatorio. Considera que tal apertura es favorable a la diversidad cultural y a la creación audiovisual, animando a los editores interesados a invertir en la producción de espectáculos vivos.

Los gastos de adaptación de las obras a las personas ciegas o ciegas

El Consejo aprecia que se le confíe la posibilidad de inscribir en los convenios un coeficiente multiplicador para la consideración de los gastos de adaptación de las obras a las personas ciegas o ciegas en la contribución de los editores de servicios.
Comparte plenamente los objetivos de esta medida que incita a los editores a aplicar los medios que permiten desarrollar el audiodescription de los programas televisados.

III. - Disposiciones propuestas por el Consejo

Prever un régimen derogatorio a la obligación “patrimonial”

sujeto a la aprobación del Consejo

El proyecto de decreto propone dos opciones: un régimen general fijado en el artículo 11 y un régimen definido en el artículo 14, correspondiendo a las claúsulas negociadas por los editores con los profesionales.
Sin embargo, los profesionales de una consideración diferenciada negociaron el porcentaje global de la contribución de los editores al desarrollo de la producción audiovisual, fijado en 12%, muy de este lado el tipo inscrito en el decreto n° 2002-140 del 4 de febrero de 2002, como contrapartida de los gastos adoptados por los editores de servicios según que se trate de inversiones para obras patrimoniales o no, o para emisiones otras que de ficción mayoritariamente realizadas en meseta.
Ahora bien el proyecto de decreto autoriza, en su artículo 11, la consideración de la integralidad de los gastos para obras que no dependen de las clases dichas “patrimoniales”, contrariamente al dispositivo de los acuerdos. El Consejo considera que, en estas condiciones, el porcentaje de la contribución debería ser superior al 12%.
Para preservar la diversidad de los formatos, el Consejo propone por otro lado la instauración de una opción suplementaria que no implicaría obligación de producción de obras audiovisuales patrimoniales y ofrecería la posibilidad, bajo condiciones, de tener en cuenta gastos para emisiones otras que de ficción mayoritariamente realizadas en meseta. En esta hipótesis, el tipo de la contribución debería ser próximo al tipo actual (16%). La aplicación de esta disposición se sometería a la valoración del Consejo teniendo en cuenta la programación del editor.
En efecto, la posibilidad de fijar, en los convenios, la obligación prevista al II del artículo 11 del proyecto de decreto (obligación “patrimonial”) a un nivel inferior al 8,5% de los recursos “sin poder ser inferior al 6%” parece insuficiente respecto a la programación de algunos editores. Por lo demás, no adopta los términos de los acuerdos del 22 de julio de 2009 que excluían la aplicación a un editor, habida cuenta de la naturaleza de su programación, de la contribución a la producción de obras dichas patrimoniales.

Los gastos de protección, restauración y desarrollo

obrasdel patrimonio audiovisual así como los gastos

consagradas a la promoción de las obras y a la formación de los autores

El artículo 33 de la ley del 30 de septiembre de 1986 dispone que “ para los servicios cuyo objeto principal es la programación de obras cinematográficas o audiovisuales, cuando la naturaleza de su programación lo justifica, esta contribución puede, total o parcialmente, tener en cuenta los gastos de protección, restauración y desarrollo de las obras del patrimonio”.
El Consejo considera que esta disposición legal debería reanudarse en el decreto. Considera que la consideración de estos gastos es primordial con el fin de incitar los editores a contribuir a la conservación del patrimonio audiovisual francés.
El proyecto de decreto no permite tener en cuenta los gastos consagrados por los editores a la promoción de las obras y a la formación de los autores, mientras que el artículo 33 de la ley del 30 de septiembre de 1986 dispone que estos gastos pueden incluirse en la contribución del editor al desarrollo de la producción audiovisual.
Estos gastos en absoluto no están previstos por los acuerdos, pero en la medida en que el proyecto de decreto tiene vocación que aplicarse al conjunto de los editores de servicios distribuidos por las redes que no utilizan frecuencias asignadas por el Consejo, éste propone que esta disposición se aplique también a todos los editores, según las mismas modalidades que la aplicable a los editores de servicios difundidos por vía hertziana en método analógico.

La valorización de las emisiones otras que de ficción

mayoritariamente realizadas en meseta

El Consejo considera que es necesario precisar, de la misma manera que en el decreto n° 2002-140 del 4 de febrero de 2002, y contrariamente a lo que se inscribe al artículo 14 del proyecto de decreto, que se trata de las “ emisiones otras que de ficción mayoritariamente realizadas en meseta inéditas y producidas por empresas de producción independientes”.

El derecho a ingresos
El Consejo recuerda que la fijación de un derecho a ingresos relación de las relaciones puramente contractuales entre editores de servicios y productores, que están a este respecto orden privado. La redacción del proyecto de decreto da competencia al Consejo para fijar el derecho a ingresos para todos los editores de servicio, que sean signatarios o no acuerdos.
El artículo 15 del proyecto debería modificarse en consecuencia del siguiente modo: “ Cuando [el editor] financia una parte sustancial del coste total de la obra, puede tener un derecho sobre los ingresos de explotación”.


Para la aplicación de las observaciones aquí arriba, el Consejo propone las modificaciones editoriales mencionadas adjunto al presente dictamen.


Hecho en París, el 26 de enero de 2010.

Para el Consejo superior del sector audiovisual:
El Presidente,
Sr. Boyon

Consulte el Anexo al presente dictamen: 
Diario Oficial del 29 de abril de 2010


 



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