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La producción de las obras

La contribución a la producción audiovisual

La contribución a la producción audiovisual

La producción de las obras

Antecedentes de la reglamentación

1986, la liberalización del sector audiovisual

La ley de 1986 relativa a la libertad de la comunicación se inscribió en el contexto específico del final del monopolio del Estado sobre la programación y de la liberalización del paisaje hertziano. Proseguía una doble ambición:

  • cultural, con el fin de favorecer el desarrollo de la creación y la valorización de la identidad francesa y europea de los programas difundidos
  • económico, con el fin de permitir la constitución de un sector de la producción audiovisual.

Las autoridades públicas consideraron mientras que la liberalización del sector audiovisual debía acompañarse de garantías en el ámbito de la producción del contenido y de la creación. En un contexto de escasez de las frecuencias, las obligaciones impuestas a las cadenas van a constituir la contrapartida de la gratuidad de utilización del ámbito público.

El principio de las cuotas de difusión y la contribución de los editores de servicio a la producción se inscribió en la ley del 30 de septiembre de 1986 con una cuádruple vocación:

  • garantizar una fuerte exposición de las obras francesas, en particular, inéditas sobre las antenas;
  • reforzar la financiación de las obras;
  • desarrollar un tejido diversificado de sociedades de producción independientes;
  • promover la circulación de las obras de expresión original francesa y europeas.

Estos objetivos fueron consolidados por la aprobación, en 1989, de la Directiva europea “Televisiones sin fronteras”, con la instauración de obligaciones mínimas de difusión de obras europeas en el beneficio, en particular, de productores independientes, para el conjunto de las cadenas, cualquiera que sea su apoyo de difusión.

Varios textos concretaron este objetivo, incluido el decreto n° 90-67 del 17 de enero de 1990 que preve las obligaciones de producción de los difusores. Constituyen la clave de un sistema a la vez solidario y administrado. Estos principios organizan siempre el sector veinte años después de su adopción. El dispositivo sin cesar se sofisticó, hasta una fecha muy reciente.

2001, la reactivación de la producción

Al final de los años noventa y después de diez años de aplicación del decreto n° 90-67 del 17 de enero de 1990, se hizo un acta de la bajofinanciación y la precariedad del sector de la producción audiovisual. Los parlamentarios, por medio de la ley del 1 de agosto de 2000 , desearon una reactivación de este sector. Esta reactivación se tradujo en la modificación de los decretos ya existentes relativos a la contribución de los editores de servicios a la producción audiovisual (refuerzo de las obligaciones) y en la extensión a las futuras cadenas del TNT y a los servicios difundidos sobre el cable y el satélite de las obligaciones de producción.

Se adoptaron así cuatro decretos diferentes, según el apoyo de difusión, con el fin de determinar las obligaciones de producción de obras audiovisuales definidas en la ley del 30 de septiembre de 1986:

  • decreto n° 2001-609 del 9 de julio de 2001: para las cadenas hertzianas analógicas;
  • decreto n° 2001-1332 del 28 de diciembre de 2001: para las cadenas hertzianas analógicas cuya financiación recurre a una remuneración por parte de los usuarios (Canal +);
  • decreto n° 2001-1333 del 28 de diciembre de 2001: para las cadenas hertzianas numéricas;
  • decreto n° 2002-140 del 4 de febrero de 2002: para los servicios distribuidos por cable o difundidos por satélite.

2007, un nuevo impulso para la producción audiovisual

En agosto de 2007, el Presidente de la República pide por carta de misión a Christine Albanel, entonces Ministro de Cultura, actuar “para suprimir las inconsistencias crecientes de la legislación actual y permitir la aparición de grupos de comunicación audiovisual franceses de primer plan, capaces de estructurar una industria francesa potente del contenido y de enfrentar los nuevos retos vinculados a la multiplicación de los canales de distribución”.

Se confía una misión a David Kessler y Dominique Richard, que conduce una concertación con los profesionales del sector audiovisual con el fin de modificar los decretos. Esta concertación desemboca en la negociación de acuerdos profesionales entre los editores de servicios y las organizaciones representativas de la creación audiovisual, firmados entre octubre de 2008 y febrero de 2010. Estos acuerdos determinan las modalidades de la contribución de los editores de servicios en función de sus compromisos específicos: tipo aplicable, cálculo de la base de la contribución, gastos tenidos en cuenta.

Estos acuerdos se transcribieron en 2009 en los decretos n° 2001-609 del 9 de julio de 2001 y n° 2001-1332 del 28 de diciembre de 2001 aplicables a los servicios difundidos por vía hertziana terrestre en método analógico, luego en 2010 en los decretos n° 2010-416 relativo a los editores de servicios no hertzianos y en el decreto n° 2010-747 del 2 de julio de 2010 que derogó los decretos n° 2001-609, 2001-1332 y 2001-1333 y que se aplica al conjunto de los servicios de televisiones difundidos por vía hertziana terrestre.

Por fin, el decreto n°2010-1379 del 12 de noviembre de 2010 relativo a los servicios de medios de comunicación audiovisuales a la demanda fijó las modalidades de su contribución.

Ver también:

Las obligaciones aplicables a los SMAD en cuanto a producción de las obras

  Dos años de aplicación de la reglamentación de 2010 relativa a la contribución de los editores de servicios de televisión al desarrollo de la producción audiovisual

La contribución a la producción audiovisual

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