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La CSA emite su dictamen sobre el proyecto de ley sobre la economía numérica

Comunicado del miércoles 18 de diciembre de 2002

Agarrado para dictamen del proyecto de ley para la confianza y la seguridad en la economía numérica, el Consejo superior del sector audiovisual formuló, en su sesión plenaria del 17 de diciembre de 2002, sus observaciones que se centran en el régimen jurídico de los servicios de comunicación en línea.
 
El Consejo recuerda que la convergencia de los servicios y redes debe incitar al legislador a tender hacia la neutralidad tecnológica y en consecuencia hacia la igualdad de trato entre servicios de comunicación audiovisual al contenido similar accesibles en soportes diferentes. Este principio debe no obstante moderarse en función de distintos criterios que justifican que distintos niveles de obligación estén previstos y teniendo, en particular, a la escasez del recurso de las redes, al impacto relativo servicios en función del apoyo prestado o en el grado variable de intervención del usuario.
 
La evolución tecnológica pues habría justificado una adaptación más radical de la legislación, que pone en entredicho la arquitectura actual de la ley del 30 de septiembre de 1986 basada en un reglamento por apoyo. El Consejo lamenta que tal no sea el enfoque considerado en el proyecto de ley.
 
Así pues, la definición de la comunicación pública en línea como un subconjunto de la comunicación audiovisual sigue siendo puramente teórico en la medida en que el proyecto de ley retira los servicios de comunicación pública en línea a los principios generales del derecho de la comunicación audiovisual. Consolida pues una gran disparidad de regímenes entre los servicios de radio y televisión y servicios asimilables según su método de difusión (hertziano terrestre, cable y satélite por una parte, Internet por otra parte).
 
Esta es la razón por la que el Consejo considera necesario que la ley defina claramente los criterios que permiten calificar un servicio de televisión o radiodifusión sonora y el régimen jurídico aplicable, cualquiera que sea el apoyo del servicio. Para la comunicación pública en línea, esta definición debería poder aplicarse tanto a la reanudación en transmisión íntegra y simultánea de servicios de radio y televisión ya difundidos en otros soportes como a la difusión de servicios originales asimilables para el público a tales servicios.
 
Ante las perspectivas de desarrollo pronto ofrecidas a los servicios de televisión en Internet a alta producción, la CSA destaca los graves inconvenientes de una ausencia total de reglamento, en particular, con respecto al respeto de los principios recordados al a los artículos 1 y 15 de la ley del 30 de septiembre de 1986 (respeto de la dignidad humana, de la libertad y la propiedad de otros, protección de la infancia y la adolescencia, conservación del pluralismo y la diversidad cultural, necesidad del desarrollo de una industria nacional de producción audiovisual). Esta ausencia de reglamento crearía un riesgo de distorsión de competencia y rodeo de las obligaciones relativas al contenido audiovisual por una migración hacia el apoyo menos vinculante. Podría a largo plazo abrir la vía a una desregulación más radical de los medios de comunicación tradicionales.
 

Consulte el texto íntegro en opinión de la CSA.