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La deontología de la información y los programas de televisión

¿Qué garantías se debe obtener para proteger la utilización de su imagen a la televisión?

Toda persona, que sea famosa o desconocida, tiene derecho a la imagen. Este principio se consagra tanto en materia civil como penal.

El artículo 9 del Código civil indica que “cada uno tiene derecho al respeto de su vida privada. Los jueces pueden, sin perjuicio de la reparación del daño sufrido, prescribir todas las medidas, como secuestros, introducciones y demás, susceptible de impedir o de hacer cesar un ataque a la intimidad de la vida privada; estas medidas pueden, si hay urgencia, pedirse en recurso“.

La jurisprudencia precisó que el derecho a la imagen implica que toda persona tuviera derecho al respeto de su vida privada y posee sobre su imagen un derecho exclusivo que le permite oponerse a su reproducción sin su autorización.

Los artículos 226-1 y siguientes del Nuevo Código penal distinguen tres tipos de infracción susceptibles de fundar una acción penal para ataque por la imagen a la vida privada o a la representación de la persona, entre que la fijación, el registro o la transmisión de la imagen de una persona en ausencia de su consentimiento previo.

En el caso de una difusión sobre una cadena de televisión, conviene precisar que el derecho a la imagen, que permite a toda persona oponerse a la revelación de su imagen, suponga que no hay autorización previa de la persona implicada, es decir, que el registro se haya hecho sin su consentimiento, a su conocimiento. En cambio, si la persona implicada dio su consentimiento, no puede ya oponerse a la revelación de su imagen ni incluso a la conservación de ésta por la cadena, menos a de aportar la prueba de un perjuicio.

Se ven a veces personas fumar en bandejas de televisión o en emisiones de telerrealidad. ¿Es legal?

Mientras que la publicidad en favor del tabaco está prohibida (artículo L. 3511-3 del Código de la sanidad pública), la jurisprudencia considera que el único hecho de difundir imágenes de personas que fuman delante de las cámaras no es constitutivo de actos de publicidad o propaganda prohibidos por los textos. Según el juez, tales actos suponen, por parte del que se suministra, una acción “concreta, voluntaria y deliberada destinada a promover el uso del tabaco” (TGI París, el 25 de febrero de 1998, CNTC c/Ste nacional de televisión Francia 2).
  
Sin embargo, en 1999, el Consejo llamó la atención de las cadenas sobre el necesario respeto del decreto n° 92-478 del 29 de mayo de 1992, que considera que “la prohibición de fumar en los lugares destinados a un uso colectivo se aplica en todos los lugares cerrados y cubiertos acogedor con el público o que constituye los lugares de trabajo”, las mesetas de televisión dependiendo de esta definición.

¿Cuáles son las normas deontológicas que se aplican a las cadenas?

Velar por la deontología de los programas audiovisuales es una de las misiones del Consejo. Este concepto implica distintos aspectos: el respeto de la dignidad humana, la lucha contra las discriminaciones, el mantenimiento del orden público, la honradez y la independencia de la información, el tratamiento de los asuntos judiciales y, por fin, el respeto del derecho a la vida privada. 

Los principios fundamentales de la deontología en los medios de comunicación audiovisuales figuran en el artículo 1 de la ley del 30 de septiembre de 1986. El Consejo se basa también en otros textos como el artículo 9 del código civil, que protege la vida privada de las personas, o también la ley del 29 de julio de 1881 sobre la libertad de la prensa, que condena la injuria y la difamación.

Estas obligaciones legales se traducen en los convenios de las cadenas privadas y el cuaderno de las misiones y cargas de los editores públicos. Varias de sus cláusulas imponen a las cadenas evitar la complacencia en la evocación del sufrimiento humano, respetar las distintas sensibilidades políticas, culturales y religiosas del público, promover los valores de integración y solidaridad, comprobar su información y dar la fuente, demostrar rigor en la presentación y el tratamiento de la información y garantizar los derechos de la persona.

Además el Consejo adoptó varias recomendaciones y deliberaciones en estos ámbitos. Citemos la deliberación del 7 de diciembre de 2004 relativa a los conflictos internacionales y a sus posibles repercusiones en Francia, o la deliberación del 17 de julio de 2008 relativa a la exposición de los productos del tabaco, bebidas alcóholicas y drogas ilícitas a la antena.

La aparición en 2001 de los programas de telerrealidad condujo también al Consejo a emitir una recomendación, el 14 de mayo de 2001, encuadrando estas emisiones. Este texto preve, en particular, que no se ponga delante de manera excesiva el espíritu de exclusión y que no se pronuncien algunas observaciones difamatorias o abusivas contra los participantes. Las cadenas también son tenidas, por una parte, poner permanentemente a disposición de los participantes un lugar preservado de todo registro y, por otra parte, prever fases diarias de respiro no dando lugar a ningún registro. Por fin, los participantes deben ser informados del dispositivo técnico de registro, en particular, del sitio de las cámaras y micros y de su número, de la existencia de cámaras infrarrojas o espejos de dos caras.

El Consejo interviene siempre después de la difusión. La cadena es responsable de lo que difunde y debe ser garante de las afirmaciones hechas sobre su antena. En caso de incumplimiento, el Consejo tiene en cuenta las condiciones de difusión del programa: el animador debe intervenir rápidamente parando al orador o condenando sus palabras si se hacen afirmaciones contrarias a la deontología en directo. Cuando la emisión está alejada, tales observaciones no deben difundirse.

Por fin, el Consejo tiene en cuenta la clase de la emisión. La gravedad del incumplimiento es así diferente según que se trate de un programa humorístico, informativo, de una ficción o de una emisión de libre antena.