Translation with SYSTRAN Links

Decisiones y dictamen del Consejo de Estado

Las decisiones de la CSA son susceptibles de recurso en el Consejo de Estado. Pueden, en particular, impugnarles:

  • Por medio del recurso-suspensión previsto en el artículo L521-1 del código de justicia administrativa (el juez dispone de un poder de suspensión de todo acto en cuanto la urgencia lo justifica y que el aspirante describe un medio susceptible de crear una duda seria en cuanto a su legalidad);
  • Por medio del recurso-libertad previsto en el artículo L521-2 del código de justicia administrativa (el juez puede pedir todas medidas necesarias para la protección de una libertad fundamental en cuanto el acto o el comportamiento de una persona pública puede afectar grave y manifiestamente ilegal a la libertad alegada);
  • Por medio del recurso para abuso de poder (el juez dispone de un poder de anulación de la decisión), las autorizaciones de uso de recurso radioelectrónico, los rechazos de candidaturas a tales autorizaciones, las deliberaciones tomadas en aplicación del último párrafo del artículo 3-1 de la ley del 30 de septiembre de 1986 (poder de decretar recomendaciones), los emplazamientos, etc;
  • Por medio del recurso de plena jurisdicción (el juez dispone de un poder de anulación y reforma de la decisión), las sanciones, las decisiones de retirada tomadas en aplicación del artículo 42-3 y las decisiones de Reglamento de desacuerdos impuestas en aplicación del artículo 17-1 de la ley (artículos 42-8 y 48-8 de la ley del 30 de septiembre de 1986);

Excepto en el caso de recurso contra una decisión de retirada impuesta sobre el fundamento del artículo 42-3 (artículo 42-9 de la ley 30 de septiembre de 1986) o contra una sanción pecuniaria pronunciada debido al incumplimiento de una decisión de Reglamento de desacuerdos (artículo 42-15 de la ley), el recurso no es suspensivo; la decisión sigue siendo pues aplicable.

El Presidente de la CSA puede, en virtud del artículo 42-10 de la ley del 30 de septiembre de 1986, también pedir en juicio que se pida a la persona que es responsable de incumplimientos a las obligaciones fijadas por la misma ley de ajustarse y de poner fin a la irregularidad en cuestión, o incluso de suprimir los efectos. Este recurso comúnmente procedimiento se llama el “audiovisual”.

El Consejo de Estado dispone también, con arreglo al artículo L112-2 del código de justicia administrativa, de una función consultiva. Puede por lo tanto solicitanse por el Primer Ministro o los Ministros sobre toda de Dificultad que se eleva en materia administrativa. Estos dictámenes tienen por objeto recordar o clarificar el alcance de las normas jurídicas en cuestión. No son comunicables según lo dispuesto en la ley del 17 de julio de 1978, pero el Gobierno puede decidir hacerlos público.