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“Las denuncias son, para el regulador, una modalidad de información esencial”, Olivier Schrameck

Fecha de publicación: martes 21 de noviembre de 2017


Olivier Schrameck al coloquio sobre el Reglamento en el Consejo de estado, el 20 de noviembre de 2017

El Consejo de Estado organizaba el lunes 20 de noviembre en París un coloquio sobre el tema del reglamento en el marco de sus Conversaciones. Encuentre el discurso de clausura del Presidente de la CSA, Olivier Schrameck. 

Reglamento y juez

Sr. LA Vicepresidente de Consejo de Estado,

Señoras, Señores los Presidentes,
Señoras, Señores los Profesores,
Queridos colegas,
Señoras, Señores,

 

Para la sesión de clausura que me hizo el honor de confiarme, me inspiraré en naturalmente mi experiencia a la CSA.

Pero al término de este día, a la mirada, en particular, de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ampliaré obviamente mi comentario a otras autoridades de reglamento, sobre todo teniendo en cuenta que por otra parte ya se inicia un proceso de reflexión e intercambio entre nosotros.

Destacaré en primer lugar este a quien no puede reducirse el reglamento.

El reglamento no podría limitarse a la sanción. Se califica a nuestras autoridades de reglamento aún comúnmente – y desgraciadamente – de “gendarmes”: gendarme del sector audiovisual, gendarme de la competencia, los mercados financieros, las telecomunicaciones, los transportes ferroviarios etc con todo, sólo después de insistentes advertencias y, en casos determinados, que puede tomarse una medida punitiva.

El reglamento no podría ser tampoco la traducción de una economía administrada, un poder de supervisión que al simplemente sustituiría que el Estado ejercía antes por medio de la reglamentación o la propiedad de empresas públicas.

El reglamento en efecto, es equilibrar, orientar, corregir, en eco a la fórmula de un importante encuentro del Consejo de Estado en 2013, en homenaje a nuestro colega Marie-Dominique Hagelsteen, el Presidente destacado del Consejo, que se ha convertido en Autoridad de la Competencia.

Las autoridades de reglamento económico tienen conjuntamente este tríptico, ô cuánto delicado a articular pero necesario para la garantía de nuestras libertades como en el beneficio de servicios esenciales a la sociedad.

La garantía de la libertad de comunicación audiovisual, misión primordial de la CSA, presenta sin embargo singularidades.

Una primera especificidad reside en la multiplicidad de los “incidentes de información” que corresponde al regulador comprender. Por supuesto, los reguladores todos se someten a los ecos de información de sus intervenciones. La situación es por otra parte muy similar para el juez, como lo mostraron de numerosos recientes asuntos. Es más aún el caso a la hora en que el numérico permite ofrecer a las comunicaciones una resonancia tan permanente que global. La diferencia sin embargo, para la CSA, es que sus interlocutores, controladas empresas, son los que dan el tempo de los medios de comunicación.

Otras observaciones inspiradas de la CSA me aparecen inmediatamente deber destacarse.

En primer lugar, el tiempo del reglamento no puede copiarse sobre el tiempo de información.

Debemos reconciliar la espera de respuesta rápida por parte de un público vigilante, la exigencia primordial de diálogo con el editor y el necesario distanciamiento con la emoción suscitada por un programa.

Es para eso que a partir de mi llegada a la CSA, a principios de 2013, tienen prescribimos que todo expediente que deja suponer la existencia de un incumplimiento se presente al contradictorio. Así pues, de la simple advertencia, que no era entonces susceptible de recurso, hasta el emplazamiento, decisión por la que se hace queja sino que no es una sanción, se pronuncia cada calificación de un incumplimiento después de una deliberación completa, encendida por un diálogo previó.

Por otra parte profundizamos en el planteamiento progresivo enfoque muy pronto por la CSA que le permitía actuar, para adoptar términos de Bernard Stirn, según una “ normatividad graduada ”: observaciones, firmes enfoques, advertencias, combinadas o no de un comunicado de prensa… todo eso corresponde a un enfoque pedagógico típico de los métodos de intervención de las autoridades de reglamento.

Pero ha también casos donde la acción del regulador debe ser más enérgica y reactiva más, bajo el control del juez.

A este respecto, tuve y conservo la impresión que la CSA a veces corseté demasiado en su acción. Ciertamente, la exigencia de un emplazamiento previa al compromiso de un procedimiento de sanción es común a numerosas autoridades de reglamento como el CNIL o el ARCEP.

En materia audiovisual sin embargo, dónde los incumplimientos relativos al contenido no son incumplimientos continuos, esta exigencia vuelve de nuevo a menudo no poder sancionar sino en caso de repetición del editor. Además una tendencia a concebir de manera bastante estricta el perímetro de los emplazamientos, al mismo tiempo que las obligaciones de los editores son múltiple, dificultan a veces la caracterización de esta “repetición”. 

La CSA dispone obviamente de la vía de acción directa que es el recurso audiovisual, llevado ante el Presidente de la sección del contencioso del Consejo de Estado, para que pida toda medida susceptible de hacer cesar un incumplimiento o a poner fin a un desorden.

Pero en la práctica, el recurso audiovisual se reserva más graves lo que está en juego a niveles como hacer cesar una utilización del ámbito público hertziano que amenaza el funcionamiento de la plataforma TNT nacional (CE ord. 27 de marzo de 2003 CSA c. TF1), o parar la difusión de una cadena extracomunitaria a los programas portadores de odios discriminatorios (v. CE ord. 13 de diciembre de 2004 CSA c. Eutelsat).

Mencionar este recurso me permite inmediatamente poner de manifiesto, que a diferencia de otros reguladores, la Autoridad de la competencia, y también el ARCEP, la CSA no puede pronunciar medidas cautelares, ni de prescripción como el CNIL, y que no dispone generalmente de poderes de investigación e investigación.

Creo pues que algunos tipos de incumplimientos deberían poder sancionarse inmediatamente, por supuesto bajo el control del juez, en particular, de los recursos.

Pienso en particular en los incumplimientos objetivos, como la ignorancia de las obligaciones de financiación de la creación cinematográfica o audiovisual. En estos casos, es difícil decir en que el emplazamiento previa constituye una garantía del respeto del principio de legalidad de los delitos y dolores, en cuanto precisamente las obligaciones no hechas caso muy se definen, en particular, bajo forma calculada, en los textos directamente aplicables al operador (leyes, textos reglamentarios o convenios).

Si nuestro control es difícil de ejercer, es que supone de suprimir eficazmente el mar de las consultas.

En cuanto un particular pide a la CSA actuar, sobre la base de un incumplimiento supuesto, él se trata de una solicitud de toma de decisión administrativa, susceptible de recurso en caso de abstención. Es lo que el Consejo de Estado consagró en adelante, respecto todas las solicitudes formuladas en calidad de usuario del servicio público del sector audiovisual (CE 7 de febrero de 2017, el Sr. B.).

Ahora bien, las consultas de la CSA han alcanzado estos últimos años de los volúmenes considerables. En 2015, 7.000 consultas; en 2016, 38.000.

Por lo que se refiere a estas cifras, es necesario sin embargo destacar que las consultas por el público, cualquiera que sea el número, no determinan ni nuestra acción, ni nuestra instrucción. Es el fondo del problema planteado y no su resplandor de información que justifica que la CSA examina un programa.

El volumen y el tono de las descripciones personales, en particular, recibidas mediante las redes sociales, son para la CSA una clase de barómetro o indicador que le permite delimitar las dificultades, específicas o recurrentes, a menudo consustancial a algunas emisiones.

Están incluidos en eso de una forma de reglamento “participativo”: habida cuenta del número de programas hoy difundidos, es obviamente ni posible, ni deseable que el regulador establezca una forma de vigilancia constante, fuera de períodos muy específicos (por ejemplo, atentados o víspera de las elecciones) que hasta pueden requerir alertas previas.

Las denuncias son pues, para el regulador, una modalidad de información esencial. Es por otra parte la misma lógica que recientemente retuvo el ARCEP, que estableció un servicio que permitía a los usuarios indicar la calidad de su red móvil: es el público que viene a proporcionar al regulador información que tendría mucho mal a obtener por sí mismo, en particular, a causa de dificultades materiales.

Se nos acusa la publicidad otorgada entre las consultas a veces. Nuestro homólogo británico, el OFCOM, realiza con todo desde hace tiempo este ejercicio de transparencia que tiene, por sí mismo, dos virtudes reguladoras.

En primer lugar, la definición de los puntos de tensión de información contribuye a alimentar el debate colectivo sobre la comunicación audiovisual y sobre los valores que debe respetar.

A continuación, mientras que las intervenciones de la CSA sobre los programas ya figuran, como tales, en el acta global emanando de varios grandes medios de comunicación audiovisuales, la comunicación relativa a las descripciones personales dan a los editores una señal complementaria en cuanto a las exigencias del público, preocupado con mucha razón por la protección de juventud y la defensa de la igualdad de los derechos.

La comunicación sobre nuestras consultas por el público constituye pues un elemento del reglamento y un indicador para las gestiones de conformidad, cuyo vicepresidente recordó que a menudo se calificaban de cumplimiento.

Otra particularidad esencial de la CSA es la polivalencia a dos vertientes de su reglamento: sociocultural, pero también, de manera primordial, económica.

Ahora bien, desde el principio, adquirí la convicción que si el reglamento económico era esencial, se armaba a la CSA insuficientemente para responder, reconociendo al mismo tiempo que no se agarraba aún plenamente de los medios a su disposición.

Pienso, en particular, en los artículos 3-1 y 17 de la ley de 1986 que encargan a la CSA de enviar recomendaciones para una mejor aplicación de los principios de la ley y, más específicamente de formular al Gobierno sobre el desarrollo de la competencia en las actividades de radio y televisión.

Observado esto, querría someterle un conjunto de reflexiones generales sobre lo que exige, a mis ojos, un reglamento completo, pertinente, y estrictamente respetuoso del Estado de Derecho.

Encontrará naturalmente, vista del regulador, el análisis que el vicepresidente ha desarrollado abriendo este día.

 

*

El reglamento supone en primer lugar la posibilidad de intervenir por todas las palancas posibles sobre una esfera global de actividades que se caracteriza por su complejidad y sus interdependencias

Se toma el en consideración el espacio pertinente del reglamento.

S' agissant du CSA, su perímetro de intervención se limita demasiado y a veces dudoso.

Limitado demasiado, ya que nuestro actual reglamento se refiere principalmente a los editores de medios de comunicación audiovisuales y, parcialmente sobre sus distribuidores. Trata a menudo por preterición, en el ecosistema del sector audiovisual, la mayoría de los eslabones de su cadena de valores y sus fermentos creativos. Se trata, en particular, de las cuestiones relativas a las relaciones entre editores y productores, a la economía de los derechos de autor, al mercado de los derechos deportivos, a la cronología de los medios de comunicación, a la publicidad, a las fuentes y a la distribución de las financiaciones…

Ahora bien, es precisamente sobre estas cuestiones que el sector es solicitante de un reglamento global, naturalmente articulado con la intervención de otras instancias, las gubernamentales, profesionales y, por supuesto, otras autoridades de reglamento.  

El ámbito de aplicación del reglamento audiovisual es también, al igual que de otros, dudoso, en particular, respecto a la delicada cuestión de territorialidad del derecho a la cual se enfrentan, a la hora numérica, los Estados y también la Unión Europea.

El criterio del reglamento se basa en la existencia de un “servicio de medios de comunicación audiovisual”, sin respeto a su método de difusión, hertziano terrestre, de redes por cable, ADSL, satélite o Internet. Sin embargo, el contenido transportado por los nuevos protagonistas numéricos, las plataformas de división de vídeos, los servicios de streaming musical, las redes sociales, se inserta difícilmente en regímenes pensados respecto a la televisión y la radio hertziana, donde el acceso al mercado se supedita a la autorización previa de la CSA, después de un procedimiento público de selección y convenio.

Más globalmente, el concepto misma de medios de comunicación levanta numerosas interrogaciones a la era en que el plurimédia se impone en su sustancia y sus virtualidades. ¿Se no hace referencia cada vez más a menudo a la aparición de unos medios de comunicación global?

En el medio ambiente numérico, la dualidad de régimen entre el sector audiovisual y la prensa, así profundamente afianzada en nuestra tradición histórica y jurídica, puede conducir a distinciones bizantinas en un mismo título en línea, que implica textos y vídeos. Es lo que reveló, en particular, la jurisprudencia del CJUE New Medios de comunicacíon Online del 21 de octubre de 2015.

El ejemplo de las cadenas YouTube o Dailymotion ilustra también los nuevos servicios susceptibles de estar incluido en la calificación de servicio de medios de comunicación audiovisual. A menudo, cuando uno de ellos toma conciencia de su estatuto jurídico, en particular, porque la CSA se lo indica, su reflejo es establecerse en un Estado l$miembro menos exigente. Fue el caso de Netflix, que se instaló en Holanda después un tiempo de haber hecho mina de establecerse en Francia, y también del joven estudio francés “Estudio Bagel” que, al contrario del Brexit, se estableció al otro lado del Canal, escapando así a la aplicación de la ley Evin.

Se adoptará próximamente la nueva Directiva sobre los Servicios de medios de comunicación audiovisuales. Esperamos que permitirá encender, por una ampliación, los contornos de estos servicios.

La búsqueda de la jurisdición más ventajosa es totalmente insatisfactoria. Se enfrenta a la CSA como las otras autoridades de reglamento. ¿El comunicado del AMF en el asunto Fairvesta precisamente no estaba destinado a informar al público sobre los riesgos de un producto emitido por una sociedad establecida en otro país de la Unión y que no dependía del reglamento francés?

Permanezca que a la hora numérica, un regulador no puede entender por sí solo el conjunto de sus misiones.

Será mi segunda acta, que determina pues un segundo deseo.

 

Todo reglamento supone una cooperación entre las autoridades de reglamento

La cooperación entre autoridades homólogas en la Unión Europea considerablemente se ha reforzado estos últimos años, aunque no alcanzó en cada sector el mismo nivel de desarrollo: se establecen firmemente el BEREC para las telecomunicaciones, el G29 para los datos, ACER para la energía. Para el sector audiovisual, el movimiento es más reciente. El ERGA, se creó en 2014 bajo el impulso de la CSA francesa, en ausencia de disposiciones en la actual Directiva. Su revisión debería dar lugar a su pleno reconocimiento institucional.

Otros campos de intercambio y acción deben también favorecerse, en particular, la Francofonía o la cuenca mediterránea, entidad humana, medioambiental y económica estratégica. Se nos me confió celebrábamos la semana pasado en Marsella el 20.o aniversario de nuestra red mediterránea, el RIRM, cuya Presidencia, después de la del ERGA.

A nivel nacional también, queda mucho por hacer para trabajar mejor juntos.

La articulación existe naturalmente entre los reglamentos sectoriales, las de los transportes, de las telecomunicaciones, de la energía, los medios de comunicación o los juegos en línea y las, transversales, de la libre competencia en los mercados o de la protección de los datos personales. Pero ésta funciona esencialmente, el poco a poco, por dictámenes cruzados.

Debemos desarrollarla más aún.

El reglamento de los datos, en particular, nuevo oro negro del desarrollo económico pero amenaza para los derechos individuales, se refiere a todas las autoridades de reglamento, a las del sector audiovisual y las comunicaciones electrónicas como las de la energía, los transportes, los mercados financieros o la salud.

Porque los temas comunes van que crecen, se recomienda así la aparición de un órgano colegiado común que puede reunirse en cualquier momento en caso de asuntos que suponen para su Resolución una intervención mixta.

Así de la única posibilidad de órgano colegiado CNIL-CADA prevista por la ley del 7 de octubre de 2016 para una República numérica, que conoció su primera traducción el mes pasado, para la elaboración de un pack de conformidad consagrado a los “datos públicos abiertos”.

Más general, más que pensar a fusiones integradoras pesadas y complejas, es necesario orientarse hacia una mejor coordinación entre autoridades de reglamento.

La ley del 20 de enero de 2017, en una reflexión aún centrada en las cuestiones de “reglamento presupuestario”, invita a los organismos teniendo el estatuto de AAI o de API a establecer un esquema de mutualización con otros organismos similares.

Esta orientación dio la ocasión de un primer encuentro entre autoridades de reglamento que se desarrolló el mes pasado a la CSA.

Se resulta que la exigencia de cooperación se extiende naturalmente de los aspectos organizativos a las modalidades de acciones comunes.

Podríamos a este respecto inspirarnos experiencia del Reino Unido. A través de UK Regulators Network creado en 2014, se reúne a las autoridades de reglamento económico en un foro estructurado dónde se intercambian las buenas prácticas, donde se discuten los temas comunes y donde se organizan las acciones colectivas de comunicación.

 

Otra preocupación, el reglamento debe encontrar plenamente su lugar, original y singular, en la jerarquía de las normas

Es necesario por supuesto, en primer lugar, que la respeta.

Fue al principio uno de principales lo que está en juego a niveles suscitados por la creación de autoridades que disponen a menudo de un poder reglamentario que debe respetar la competencia de principio del ejecutivo, y también dotadas con un poder de sanción que fue necesario vuelven conforme a las exigencias europeas y constitucionales de garantía de los derechos, en particular, la imparcialidad.

Es importante que la acción de las autoridades de reglamento se basa en una legislación clara, coherente y pertinente, sobre la base de un derecho europeo presentando las mismas garantías de precisión y eficacia. Es para contribuir que pedí y obtuve la Presidencia del Grupo de Trabajo destinado al seguimiento de la nueva Directiva en el ERGA.

Para permanecer al marco nacional, el ejemplo - tipo es la ley del 30 de septiembre de 1986 relativa a la libertad de comunicación que se modificó 87 veces, 14 veces durante la anterior legislatura. La ley Informática y Libertades del 6 de enero de 1978 no es permanece con más de 30 modificaciones, a la espera de su revisión, a raíz de la adopción del Reglamento general sobre la protección de los datos.  Añado que no está seguro que la consulta sinóptica de dos fuentes legislativas que hizo necesario la ley del 20 de enero de 2017 para conocer el régimen de funcionamiento de los AAI y API sea la respuesta conveniente a este problema de calidad de la legislación.

Comprenderá fácilmente pues porqué la CSA desea la refundición de la legislación audiovisual, por la aprobación de una nueva ley con motivo de la revisión de la Directiva europea y, a largo plazo, su codificación.

Para la aplicación de esta nueva legislación, es importante que la reglamentación no obstruye el reglamento.  No se trata ciertamente pues de reclamar, para las autoridades de reglamento, más de poder reglamentario, tanto más que los límites colocados por la jurisprudencia constitucional se imponen. Se trata al contrario de reducir la reglamentación, a menudo demasiado compleja y demasiado deprisa pasada y que es a menudo más difícil hacer evolucionar que la ley.

Tomaré aquí el ejemplo de los decretos de 2010 que organizan la contribución de los servicios de televisión a la producción audiovisual y cinematográfica. Estos textos solidificaron en el mármol acuerdos profesionales concluido en un contexto que no tiene ya mucho de común con la economía actual del sector. Siguen con todo elaborándose como fortalezas casi inexpugnables. Es de alta lucha, y al precio de una adición de complejidad, que se les aportó una flexibilidad modesta en 2015 para garantizar una mejor división de valor entre productores y difusores.

Este exceso de reglamentación, demasiado abstracta, demasiado rígido, debe ser atado en la medida de lo posible, por un enfoque basado en la especificidad de las situaciones, el de los protagonistas de la autoridad de reglamento y la evolución rápida de nuestros interlocutores. Es necesario substituir a un enfoque vertical y unilateral, un enfoque dialogado interactivo. Es necesario pasar del vestir jurídico de elaboración a una práctica de a medida. En este sentido, el convenio pasado con la autoridad de reglamento es una vía que debe desarrollarse. Está ya muy presente en materia audiovisual, en particular, como método de acceso al mercado.

En efecto, es por medio del convenio con la CSA que los servicios de televisión, incluso los que no utilizan las frecuencias del ámbito público, pueden proponer sus programas en Francia. Este sistema muy flexible permite definir claramente la propuesta editorial, de sacar las consecuencias en cuanto a las obligaciones del servicio y de fijar las condiciones en las cuales estas obligaciones deberán respetarse. Su vocación natural sería aplicarse al conjunto de los servicios audiovisuales numéricos, en un marco legislativo reformado afirmando claramente las exigencias esenciales que deben hacerse respetar por el regulador y las condiciones de la evaluación del respeto de estas exigencias.

 

Esta es la razón por la que el reglamento debe plenamente usar el derecho flexible

Conviene en primer lugar delimitar su ámbito de aplicación.

Para eso, no se debe necesariamente confiarse según la ley, que pueden prestar a ambigüedad. Así disposiciones por las que se encarga la autoridad de reglamento “que velar a…” que no tienen el mismo significado según los ámbitos. En materia audiovisual, esta “víspera” implica una dimensión de derecho duro que el Consejo de Estado reconoció para el pluralismo en época de elecciones, mientras que sólo invita al édiction incentivos y de indicadores en cuanto a diversidad en los programas.

Conviene a continuación enriquecer y diversificar el derecho flexible.

Enriquecer, en particular, el campo de los métodos alternativos de Resolución de los litigios. Pienso así en la conciliación raramente prevista para los reguladores – a mi conocimiento solamente la CSA dispone de esta facultad, reciente y solamente prevista en caso de desacuerdos entre productores y difusores. Pienso también en el desarrollo de la mediación bajo los auspicios de la autoridad de reglamento, para contrapesar el tropismo jurisdiccional y contencioso del procedimiento de Reglamento de desacuerdos.

En efecto, tal procedimiento, que es encuadrado por normas muy precisas, no permite buscar hacia atrás una solución amistosa al litigio, bajo los auspicios del regulador.

Diversificar también el derecho, asociando la más amplia colectividad de protagonistas a su definición.

A la CSA, defendemos una concepción del regulador como “casa común” del sector: nuestros interlocutores esenciales son los editores, pero los beneficiarios, escenaristas, productores, editores, publicistas, tienen llevan abierta, en particular, en la elaboración de los estudios de impacto requeridos en caso de rescates de medios de comunicación u otras modificaciones profundas en el funcionamiento de un servicio autorizado.

Un buen reglamento, estoy convencido, debo luchar contra la compartimentación y las oposiciones frontales.

Son ellas que resulta el prurito de la acción contenciosa que, como la inflicción de una sanción, puede señalar una forma de fracaso del reglamento.

Sin embargo, esta preocupación de evitar el pleito no hace del juez, en particular, del juez administrativo, al contrario, al adversario del reglamento.

El reglamento es realmente el fruto de un diálogo constante del regulador y el juez.
 

En efecto, la autoridad de reglamento tiene necesidad del juez y en particular del juez administrativo

Es lo que probó yo cree, toda la corriente jurisprudencial que, en particular, de la decisión Casino Guichard de octubre de 2012 a las de Asamblea Fairvesta y Numéricable, consagró a la autoridad de reglamento como el emisor de “actos de derecho flexible” que eran objeto de un control jurisdiccional específico.

¿Cómo tampoco no pensar en la contribución de la Sección del Informe y los Estudios, que propuso y preparó para el Consejo de Estado el informe sobre el derecho flexible de 2013, relativizando de sobra la crítica de un “derecho borroso”, sin embargo ilustrada por grandes autores?

Este nuevo recurso “ Fairvesta ” permite al juez comprender lo que hace la identidad incluso de la misión de reglamento: este famoso tríptico “orientar, equilibrar, corregir” que recordé próximamente.

El recurso Fairvesta ejerce en efecto el control de la autoridad de reglamento en su función de vigía, que se trate de los dictámenes sobre iniciativa de la Autoridad de la competencia, indicando anomalías y formulando recomendaciones sin llevar efecto de derecho, comunicados por los que del AMF se recomienda la prudencia de los inversores respecto a algunos productos financieros de riesgo o también a las indicaciones de la CSA sobre la manera de promover la solidaridad, cualquiera que sea la extrema sensibilidad del tema, en particular, de la desventaja, así como lo haya recordado el Vicepresidente esta mañana.

¿Realmente, que puede mejor controlar los reguladores por la virtud de la jurisprudencia que el juez, calificado afortunadamente esta mañana de “méta-régulateur”?

Es la jurisprudencia en efecto que permite reconciliar la flexibilidad de los procedimientos con el respeto esencial del contradictorio, afirmar y consolidar autonomía de la acción reguladora recordándole al mismo tiempo la responsabilidad que llama su estatuto de referencia en el espacio público. La legitimidad del regulador a menudo cuestionada en el equilibrio de poder se encuentra reforzada, por iniciativa de los terceros interesados, a autores de los recursos.

Por su parte, la CSA multiplica las iniciativas para asegurarse de la rectitud de sus intervenciones causando la consulta de sus formaciones consultivas, pero no puede hacerlo hasta ahora sino con la aprobación del Secretariado general del Gobierno, aunque su competencia y su atención merecen indudablemente saludanse.

 Para concluir, es importante destacarlo, el regulador no puede ignorar que su acción se choca con constantes interrogaciones y las objeciones.

Estas cuestionamientos tienen hoy menos al compromiso en pro del marco tradicional del control jurisdiccional, que a la reflexión persistente sobre su legitimidad democrática, debate cuya pertinencia no podría ignorarse.

Una respuesta adaptada consiste en un muy neto refuerzo del control parlamentario no solamente plenamente aceptado pero vivamente deseado por la autoridad que presido.

La profundización del control jurisdiccional, en particular, por el Consejo de Estado, constituye otra fuerte garantía concreta y de esta exigencia de redevabilité, neologismo expresivo utilizado y destacado por el Vicepresidente.

A las interpelaciones que permanecen, las autoridades de reglamento deben en efecto responder por una disponibilidad y una atención constante: dar cuenta continuamente, al legislador en primer lugar y a las autoridades públicas en general, observar estrictamente el ejercicio del control jurisdiccional.

El reglamento es un poder de influencia y referencia.

Su eficacia supondrá siempre la subordinación escrupulosa a las autoridades superiores de nuestro Estado de Derecho.

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